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La Constituyente de Maduro pondrá más controles a la actividad económica privada

Redacción (ALN / KonZapata).- Más allá de las promesas electorales de Nicolás Maduro, haciendo ver que la Asamblea Nacional Constituyente es la pieza que faltaba para resolver los problemas económicos de Venezuela, el Gobierno viene trabajando en un nuevo “modelo” del que solo se han mostrado algunos esbozos, pero que apuntan claramente a un aumento del peso del Estado y a mayores restricciones para el sector privado.
El Gobierno ha arremetido sistemáticamente contra el sector privado / EFE: Miguel Gutiérrez
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El Gobierno ha arremetido sistemáticamente contra el sector privado / EFE: Miguel Gutiérrez

El enunciado económico bajo el cual Nicolás Maduro vendió la Constituyente habla de ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano, para dejar instalado un nuevo sistema post-petrolero, que “tiene que ser explícito” en sus conceptos, formas y mandatos constitucionales, pues se debe avanzar hacia una “economía productiva, diversificada, mixta, integrada e integradora, una economía de potencia post-petrolera”.

De allí que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debe operar en dos velocidades, una de corto plazo para atender situaciones coyunturales y otra de largo plazo. En este último caso harán las definiciones estructurales para reformar el sistema económico-productivo, fortalecer el sistema financiero, desarrollar el nuevo sistema distributivo, de comercialización y fijación de precios, y los mecanismos que castiguen a quienes violan el acceso del pueblo a la adquisición de productos a precios justos. Según Maduro, la ANC se encargará de determinar las nuevas fuerzas productivas que generarán riquezas.

Maduro insiste en aplicar controles de precios en lugar de sanear las cuentas y rectificar su estrategia

En sus discursos Maduro hace énfasis en el tema de la especulación y le confiere a la ANC la responsabilidad de atacarla, aun cuando el país tiene un control de precios vigente desde 2003 y un amplio cúmulo de leyes que castigan y sancionan la especulación, la usura y el boicot económico, a la par de ofrecer “precios justos”.

“Yo tengo una esperanza tremenda en que la ANC, con todo su poder plenipotenciario, acabará con todas las mafias que atacan la economía”, asegura Maduro, quien desde hace semanas afirma que está preparando una nueva ley contra la especulación “a partir de marcadores internacionales”, para romper con el peso de “DólarToday”.

Este jueves volvió sobre el tema y aseguró que “la primera ley que le voy a presentar y a pedir a la Constituyente es una ley para combatir la especulación de los precios y establecer la regulación de todos los precios con mano de hierro, una ley de economía, la ley constitucional, es lo primero que le voy a pedir a la Constituyente”.

Con una inflación anual cercana a los cuatro dígitos, alimentada en buena medida por la política oficial de monetizar el déficit fiscal e inyectar semanalmente altos volúmenes de dinero inorgánico a la economía, Maduro insiste en aplicar controles de precios en lugar de sanear las cuentas y rectificar su estrategia.

Existe una agenda de fondo de la Constituyente que intenta consolidar el modelo socialista

Pero más allá de la arenga habitual del mandatario, donde apela a la sensibilidad de la población a los temas de la escasez y la inflación, que son los más graves para los venezolanos, como lo muestran varios estudios de opinión, existe una agenda de fondo de la Constituyente que intenta consolidar el modelo socialista.

Ya en 2007 Hugo Chávez intentó hacer cambios significativos en la Constitución con el mismo fin, pero la población en referendo rechazó su propuesta. Aunque mucho de lo pretendido, como la consolidación del Poder Comunal, terminó ejecutándose mediante leyes y otras normas, la delimitación de temas sensibles como la propiedad se quedó en el tintero.

Maduro evita tocar el tema. De hecho, ni lo menciona. Solo promete dedicarse en cuerpo y alma a la economía de la mano de la ANC. “No me van a ver haciendo más nada, sino la economía”. Pero no asoma más detalles. Sin embargo, quienes vienen trabajando en la redacción de la nueva Constitución, con la que quieren refundar el Estado venezolano, sí se han permitido arrojar algunas luces al intervenir en foros y reuniones con los distintos sectores.

Hermann Escarrá, por ejemplo, uno de los cerebros jurídicos de la Constituyente, ha mostrado públicamente la intención de eliminar las restricciones constitucionales para que el Estado tenga el control total sobre las empresas que nacen del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela (PDVSA), modificando para ello el artículo 303 de la Carta Magna.Maduro evita tocar el tema de la propiedad privada / Foto: Kremlin

Todo comenzó con Chávez

Esta propuesta desempolva las bases que ya fueron presentadas al país por Hugo Chávez en 2007. De hecho, el artículo 113 de la Constitución fue reescrito entonces para que, entre otras cosas, dijera que “cuando se trate de explotación de recursos naturales o de cualquier otro bien del dominio de la nación de carácter estratégico, o de la prestación de servicios públicos vitales, el Estado podrá reservarse la explotación o ejecución de los mismos, directamente o mediante empresas de su propiedad, sin perjuicio de establecer empresas de propiedad social directa, empresas mixtas y/o unidades de producción socialistas, que aseguren la soberanía económica y social, respeten el control del Estado, y cumplan con las cargas sociales que se le impongan, todo ello conforme a los términos que desarrollen las leyes respectivas de cada sector de la economía. En los demás casos de explotación de bienes de la nación, o de prestación de servicios públicos, el Estado, mediante ley, seleccionará el mecanismo o sistema de producción y ejecución de los mismos, pudiendo otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público, y el establecimiento de cargas sociales directas en los beneficios”.

Un empresario, que asistió a una reunión coordinada por el Ejecutivo para invitar al sector privado a integrarse a la ANC, comentó que uno de los temas que se trabaja es el “cambio en las relaciones sociales de producción”. A su juicio, la reforma constitucional ya está escrita y el Gobierno va a tratar de hacer ver que existe protección a la propiedad privada, pero entendida como algo individual, porque la idea es desmontar “el control de los medios de producción”.

En este artículo reformado se suprimió la parte que en la Constitución de 1999 garantiza que “toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”

Esto va en línea con la redacción del artículo 115 de la Constitución que en su momento llegó a presentar Chávez y que, aunque tuvo algunas variaciones durante la discusión dada en 2007, llegó a decir lo siguiente: “Se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad. La propiedad pública es aquella que pertenece a los entes del Estado; la propiedad social es aquella que pertenece al pueblo en su conjunto y las futuras generaciones, y podrá ser de dos tipos: la propiedad social indirecta, cuando es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad, y la propiedad social directa, cuando el Estado la asigna, bajo distintas formas y en ámbitos territoriales demarcados, a una o varias comunidades, a una o varias comunas, constituyéndose así en propiedad comunal, o a una o varias ciudades, constituyéndose así en propiedad ciudadana; la propiedad colectiva es la perteneciente a grupos sociales o personas, para su aprovechamiento, uso o goce en común, pudiendo ser de origen social o de origen privado; la propiedad mixta es la conformada entre el sector público, el sector social, el sector colectivo y el sector privado, en distintas combinaciones, para el aprovechamiento de recursos o ejecución de actividades, siempre sometida al respeto absoluto de la soberanía económica y social de la nación; y la propiedad privada es aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción legítimamente adquiridos. Toda propiedad, estará sometida a las contribuciones, cargas, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes, sin perjuicio de la facultad de los Órganos del Estado, de ocupar previamente, durante el proceso judicial, los bienes objeto de expropiación, conforme a los requisitos establecidos en la ley”.

Vale destacar que en este artículo reformado se suprimió la parte que en la Constitución de 1999 garantiza que “toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”.

El artículo 112, por su parte, planteaba fomentar y desarrollar “distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, tanto directa o comunal como indirecta o estatal, así como empresas y unidades económicas de producción y/o distribución social, pudiendo ser estas de propiedad mixtas entre el Estado, el sector privado y el poder comunal, creando las mejores condiciones para la construcción colectiva y cooperativa de una Economía Socialista”. Más allá de la reforma institucional del Estado, que le dé sostenibilidad al chavismo en el tiempo, la ANC busca garantizarle al Estado el control de la economía. No en vano Maduro afirma una y otra vez que “la Constituyente lo puede hacer todo”.

Redacción

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