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Se avecina un septiembre agitado para el clan latinoamericano de Banco Popular

miércoles 30 de agosto de 2017, 09:30h
Redacción (ALN).- El magnate chileno Andrónico Luksic y el mexicano Antonio Del Valle sabrán “en las próximas semanas”, según la agencia EFE, si la Audiencia Nacional española admite o rechaza sus recursos por la venta del Popular a Banco Santander por el simbólico precio de un euro. Ambos eran socios de la entidad absorbida, por lo que perdieron toda la inversión: 640 millones de euros en conjunto.
Luksic y Del Valle perdieron toda su inversión cuando se vendió Popular / Foto: Grupo Luksic | Casa de América
Luksic y Del Valle perdieron toda su inversión cuando se vendió Popular / Foto: Grupo Luksic | Casa de América

Los magnates Andrónico Luksic, de Chile, y Antonio del Valle, de México sabrán “en las próximas semanas”, según la agencia EFE, si la Justicia española admite a trámite o rechaza los recursos presentados tras la compra de Banco Popular por parte de Banco Santander.

El grupo que preside Ana Patricia Botín absorbió la entidad por el simbólico precio de un euro con el visto bueno del Banco Central Europeo. La operación no dejó nada para los accionistas del Popular, que vieron como su inversión se esfumaba. Fue el caso de Luksic y Del Valle, las cabezas visibles del clan latinoamericano de Banco Popular, que en conjunto perdieron 640 millones de euros (aproximadamente 718 millones de dólares).

La resolución del Banco Popular se enfrenta a un septiembre clave en los tribunales. Aunque a nivel europeo los plazos expiraron -incluidas eventuales prórrogas por cuestión de distancia-, los interesados podrán recurrir ante la Audiencia Nacional española hasta el viernes 1 de septiembre. Esto se debe a que, como reza la Ley Orgánica del Poder Judicial, agosto es un mes “inhábil” en la jurisdicción contencioso-administrativa de España.

Resalta la agencia EFE que la Audiencia Nacional concentrará las miradas de unos afectados pendientes de que los magistrados decidan si aplican las medidas solicitadas por un grupo de inversores poco antes del parón veraniego. Entre ellas está la suspensión de la operación ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Una petición “cautelarísima” que la sala de vacaciones del tribunal, reunida de urgencia, rechazó aplicar no sin antes acordar la apertura de una pieza separada para estudiar posibles alternativas.

Entre quienes impugnarán el papel del FROB este viernes (1 de septiembre), se encuentra el despacho de abogados Navas & Cusí, cuyo socio-director, Juan Ignacio Navas, anunció que solicitará la nulidad de la resolución que hizo que un banco “teóricamente solvente pasara de la noche a la mañana a valer un euro”.

A esta vía ya han acudido no sólo pequeños accionistas sino también grandes fortunas como la del chileno Andrónico Luksic, propietario del Grupo Luksic, cuya participación en el banco alcanza un 3,45% del capital: unos 90 millones de euros (100 millones de dólares). También el mexicano Antonio Del Valle. El banquero y magnate de las petroquímicas acumulaba un 4,28% de los títulos tras invertir 550 millones de euros (617 millones de dólares).

Siguiendo esta línea, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) se personará en la Audiencia Nacional. El pasado 7 de agosto recurrió ante Europa la operación impulsada por la Junta Única de Resolución (JUR), por causar “indefensión flagrante” a unos inversores a quienes no reconoce su derecho a ser indemnizados.

El “engaño” del Santander a los accionistas de Popular

Reproche que también hacen organizaciones como Adicae, que califica de “engaño” que el Banco Santander sólo ofrezca devolver el dinero a los clientes y empleados del Popular que invirtieron menos de 100.000 euros (120.000 dólares) en la ampliación de capital del pasado verano, previa renuncia de éstos a emprender acciones legales.

La presidenta Ana Patricia Botín compró Popular por un euro / Foto: Santander

Juzgados nacionales al margen, accionistas y tenedores del Popular han elevado sus pretensiones a Luxemburgo a la espera de que el más alto tribunal del área, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se pronuncie sobre la resolución, especialmente después de que el panel de apelación se declarara no competente a ese respecto el pasado 19 de julio.

Desde entonces y hasta el 21 de agosto, dicho órgano, constituido en el marco para la recuperación y resolución de entidades de crédito con viabilidad crítica, ha inadmitido cada uno de los recursos estudiados.

En total, 34 casos iniciados a instancia tanto de accionistas como de bonistas del banco, algunos de los cuales no sólo reclamaban al Mecanismo Único de Resolución que dejara sin efecto la operación, sino también una compensación económica por el “justo valor” de la entidad.

Al menos 7.000 reclamaciones

Ante esta situación muchos optaron por trasladar sus peticiones desde la capital comunitaria al TJUE, que dada la avalancha de solicitudes y por razones de distancia, amplió 10 días el plazo en virtud del artículo 60 del reglamento.

Al menos 7.000 de los 300.000 inversores han buscado este agosto el amparo de la justicia comunitaria

De esta prórroga se han beneficiado los últimos accionistas representados por el bufete Rúa Abogados, que asesora a más de 3.000 afectados y que a partir de septiembre comenzará a interponer las primeras demandas civiles.

Si bien las fuentes consultadas por la agencia EFE inciden en la dificultad de cifrar el número de recursos presentados hasta la fecha, al menos 7.000 de los 300.000 inversores han buscado este agosto el amparo de la justicia comunitaria, “muy sensible a la normativa sobre transparencia” como señala Navas, socio-director de Navas & Cusí.

De momento, se desconoce la fecha en la que la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional comenzará a estudiar los expedientes registrados desde el pasado junio, mes en el que se autorizó y comunicó la operación, aunque

Redacción

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