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Justicia venezolana favorece a empresario ruso cercano a exalcalde de Moscú destituido por corrupción

Juan Francisco Alonso (ALN).- En sendas decisiones tomadas con apenas días de diferencia, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó a una constructora y a una aseguradora pagarle más de 1.500 millones de bolívares a Vitaly Kryuchkov, director de la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas, creada para ejecutar uno de los grandes proyectos habitacionales del fallecido Hugo Chávez.
El TSJ ordenó a dos empresas pagarle más de 1.500 millones de bolívares al ciudadano ruso Vitaly Kryuchkov / Foto: TSJ
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El TSJ ordenó a dos empresas pagarle más de 1.500 millones de bolívares al ciudadano ruso Vitaly Kryuchkov / Foto: TSJ

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, tan poco dado a atender las demandas de los intereses extranjeros, ha hecho una excepción y ha ordenado a dos empresas del país que le paguen más de 1.500 millones de bolívares al ciudadano ruso Vitaly Kryuchkov, por concepto de reparación, sin importar sus nexos con el exalcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, quien en 2010 fue destituido, por presuntos hechos de corrupción, por el entonces presidente del país y actual primer ministro, Dimitri Medvédev.

Debido a la peculiaridad del sistema económico venezolano, donde desde 2003 rige un férreo control de divisas, el monto que recibirá Kryuchkov puede oscilar entre 130.000, 4,3 millones y 150 millones de dólares, dependiendo de la conversión a la que termine realizando la compensación, debido a los tres tipos de cambios vigentes en la actualidad.

La Sala de Casación Civil, en sendos fallos (744 y 757) dictados entre el 14 y el 23 de noviembre pasado, fue la que ordenó realizar el pago al dejar firmes las decisiones de dos juzgados superiores que condenaron a la constructora Maquivial y a la aseguradora Seguros La Internacional a reparar económicamente al ciudadano euroasiático, quien funge como director de la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas, por los daños que éste sufrió en 2013 cuando el Gobierno le anuló el contrato para construir 18 edificios, de 15 plantas cada uno, en Ciudad Tiuna, en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La Gran Misión Vivienda es un macroplan lanzado en 2011 por el fallecido Hugo Chávez para construir seis millones de casas en seis años.

Kryuchkov comenzó a darse a conocer en Venezuela por el polémico proyecto de Ciudad Tiuna, el cual fue duramente cuestionado por especialistas en urbanismo

La Fundación, que fungía como representante de la Alcaldía de Moscú en la ambiciosa iniciativa gubernamental, debía completar en el lapso de 18 meses las edificaciones, donde se albergaría a buena parte de las miles de personas que en 2010 perdieron sus techos debido a los temporales que azotaron al país caribeño, además de funcionarios y militares que esperaban por casa.

El proyecto de Ciudad Tiuna implicaba más de 10.000 viviendas, de entre 60 y 70 metros cuadrados; y se desarrolló en los terrenos de Fuerte Tiuna, la principal base militar que hay en Caracas. Sin embargo, los lapsos no se cumplieron y por ello el Ejecutivo de Nicolás Maduro le rescindió el contrato a la institución encabezada por Kryuchkov y además le prohibió participar en cualquier contratación a futuro en la Misión.

La Fundación responsabilizó a una de las empresas venezolanas que subcontrató para realizar las obras de la falta y por ello la demandó, ganando en las distintas instancias hasta el propio TSJ.

Rompiendo la tradición

Los fallos han sorprendido a propios y extraños en el Poder Judicial, porque el máximo juzgado venezolano, en el cual el chavismo tiene 29 de las 32 sillas que lo integran, tiene el récord de rechazar nueve de cada 10 demandas que particulares interponen contra el Estado o donde el Estado tenga algún interés, como es este el caso, según datos de organizaciones como Un Estado de Derecho.

La Sala Civil, en su primer dictamen redactado por el magistrado Francisco Velásquez, dio la razón a la parte rusa en sus argumentos de que la empresa Maquivial incumplió el contrato firmado el 31 de marzo de 2011 y el cual le daba hasta noviembre de 2013 para completar las obras, las cuales implicaban 237.000 metros cuadrados de construcción.

De nada valieron los alegatos de la constructora, según los cuales, para el momento de la firma del acuerdo no se le habían presentado los planos del proyecto ni mucho menos que meses después se realizó un addendum (anexo) al contrato, donde se modificó el plan original, ampliándolo, lo cual impedía ejecutarlo en el plazo previsto, pues a criterio de la instancia “no logró demostrar alguna causa que pudiera justificar el incumplimiento de sus obligaciones”.El exalcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, fue destituido en 2010, por presuntos hechos de corrupción / Foto: WC

Por su parte, en el segundo fallo, el cual redactó el presidente de la Sala, magistrado Yván Darío Bastardo, condenó a la compañía Seguros La Internacional a pagarle a la Fundación el monto de la fianza de cumplimiento, debido al incumplimiento de la constructora. Esto, a pesar de que la demandante no probó que le hubiera informado los problemas que tenía Maquivial para cumplir lo acordado y los cuales fueron advertidos por Petróleos de Venezuela (PDVSA), en su calidad de financista del proyecto, mediante 21 inspecciones.

No obstante, el monto final es apenas la mitad de lo que aspiraba el ruso conseguir.

¿A quién beneficia el fallo?

Kryuchkov es ingeniero de profesión y en 2010, cuando se desempeñaba como consejero de la Alcaldía de Moscú, comenzó a darse a conocer en Venezuela por el polémico proyecto de Ciudad Tiuna, el cual fue duramente cuestionado por especialistas en urbanismo, en virtud de que no preveía el desarrollo de vías, la instalación de nuevas conexiones de energía o agua sino que pretendía servirse de la existente, ya colapsada.

Ese mismo año su jefe, el alcalde Luzhkov, fue destituido por el entonces presidente ruso, bajo el eufemismo de “pérdida de confianza”, aunque desde los medios ligados al Kremlin se comenzaron a lanzar señalamientos de irregularidades en su larga gestión de más de 18 años. Sin embargo, el ingeniero logró sobrevivir y seguir participando del proyecto, el cual estuvo lleno de problemas como reseñó la prensa venezolana en numerosas ocasiones.

En agosto de 2013, un mes antes de que el Gobierno rescindiera el contrato con la Fundación rusa, Kryuchkov invitó a un grupo de periodistas a visitar las obras, las cuales están cerca de uno de los vertederos de basura de la ciudad, y comprobar que los edificios estaban bien y que las fallas en su construcción que habían denunciado sindicalistas se habían solucionado. Asimismo achacó los problemas enteramente a las subcontratistas e incluso a problemas como la escasez e inseguridad.

“Este señor cobró el anticipo que fueron unos 120 millones de dólares y lo cambió en el mercado negro y subcontrató a empresas venezolanas”

“El cemento y el anime escasean”, dijo en declaraciones a la prensa caraqueña, y agregó: “Hay robos diarios de materiales que hacen los nuevos vecinos. Tienen armas, someten y amarran a los vigilantes y con sus propios carros se llevan lo que quieren”.

No obstante, el ingeniero ruso obvió un detalle: El proyecto debía ser ejecutado por empresas rusas, tal y como ocurrió con los contratos firmados con China, Turquía y Belarús.

“Este señor cobró el anticipo que fueron unos 120 millones de dólares y lo cambió en el mercado negro y subcontrató a empresas venezolanas con la intención de seguir cobrando el resto del contrato en dólares”, comentó un magistrado, a quien le sorprendió la respuesta de sus pares.

“Esta Fundación (favorecida por los fallos) es un espejo (…) La Fundación fue constituida en Venezuela, pero una vez que destituyeron al alcalde de Moscú, el representante en el país, para no ser reemplazado por quien fuese enviado por las nuevas autoridades moscovitas, constituyó otra de igual nombre y se hizo traspasar los derechos del contrato”, agregó el miembro del TSJ.

Al consultar en la Sala Civil si conocían estos detalles las cinco miembros de la instancia la respuesta fue: “Eso no estaba en el expediente. Esos son aspectos más bien penales y lo que se decidió es lo correcto”.
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