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14 pruebas que implican al régimen de Nicolás Maduro en crímenes de lesa humanidad

sábado 02 de junio de 2018, 16:00h

María Rodríguez (ALN).- El panel de expertos independientes que firma el informe de la Organización de Estados Americanos enviado a la Corte Penal de La Haya detalla una a una las razones por las que existen “fundamentos suficientes” para acusar e investigar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. La lista comienza con asesinatos, encarcelaciones, torturas, violaciones e intimidaciones, pero también analiza la falta de independencia de la justicia venezolana y la utilización de la crisis económica como un instrumento para intimidar a la sociedad.

En el informe subrayan la falta de independencia de la justicia venezolana / Foto: OEA
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En el informe subrayan la falta de independencia de la justicia venezolana / Foto: OEA

Asesinatos, encarcelaciones, detenciones y persecuciones por motivos políticos, procesos de acusados civiles ante jurisdicción militar, torturas, violaciones, lesiones, intimidaciones, utilización de la crisis como un instrumento de presión, desaparición forzada de personas, inactividad de la justicia y falta de independencia e imparcialidad de esta. Son las 14 razones fundadas que se detallan en el informe encargado por la Organización de Estados Americanos (OEA) a un panel de expertos internacionales independientes para dilucidar si se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La conclusión del panel de expertos es firme: encuentran “fundamentos suficientes” para formular esta acusación. Dichos fundamentos se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, según recogen en el informe.

Los expertos que participan en el reporte son Manuel Ventura Robles, de Costa Rica, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón, de Argentina, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e Irwin Cotler, de Canadá, presidente del Centro de Derechos Humanos Raúl Wallenberg, exministro de Justicia y exfiscal general de Canadá.

El informe identifica 131 víctimas de asesinatos en las protestas de 2014 y 2017

El informe identifica 131 víctimas de asesinatos en las protestas de 2014 y 2017 perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o colectivos afines. También subraya las 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015; más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos desde las elecciones presidenciales de 2013 y más de 1.300 presos políticos.

Igualmente, el panel de expertos constata “la existencia de un proceso de control y militarización de la sociedad y de connivencia del Estado con grupos armados irregulares afines al gobierno, tanto de manera formal como informal”.

Aseguran que hay material probatorio disponible que revela que “los actos de violencia fueron planteados y organizados siguiendo un patrón de violencia contra el segmento de la población civil integrado por opositores políticos o identificados como tales”.

El panel de expertos llega a tales conclusiones tras analizar docenas de testimonios de víctimas, testigos, familiares y documentos escritos entregados a la Secretaría de la OEA por más de 40 organizaciones no gubernamentales e internacionales.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, siguiendo la recomendación de los expertos que firman el análisis, remitió este jueves a la fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Fatou Bensouda, los más de 400 folios del informe, tal como informó el propio Almagro en redes sociales.

En el informe también se explica que recibieron información de diferentes fuentes sobre decenas de asesinatos en el marco de manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2015 y junio de 2017 por fuerzas de Seguridad del Estado en el marco de “una política de seguridad”.

“Se encuentran presentes los requisitos necesarios para que la Fiscalía investigue sobre la posible comisión de estos actos [asesinatos] como parte de un ataque generalizado y sistemático, dirigido contra la población civil”, subrayan.

Almagro ya envió el informe a la Corte Penal Internacional de la Haya / Foto: OEA

En cuanto a las detenciones, el informe hace hincapié en que, por lo general, a las personas detenidas no se les informaron las razones de su arresto y “sólo se les comunicaron los cargos que pesaban contra ellas en el momento de su presentación ante el juez”.

Recalcan que el uso de acusaciones penales como “traición a la patria”, “terrorismo” y “rebelión” son parte de las imputaciones que se realizan a las personas detenidas sin orden judicial y por motivaciones políticas, es decir, que “se alega la supuesta situación de flagrancia [del supuesto delito] para iniciar procesos, sometiendo a estos civiles incluso a la justicia militar”, detallan.

Torturas, violaciones y amenazas probadas

Respecto a las torturas, el panel de expertos destaca las declaraciones de Tamara Sujú, abogada criminalista y directora del Instituto Casla (Centro de Estudios Latinoamericanos), en unas audiencias organizadas por la Secretaría General de la OEA. Sujú detalló que, desde el 19 de abril de 2013, al menos 289 personas habrían sido víctimas de tortura. Y de ellos -en palabras de Sujú- “al menos 222 fueron torturados por participar en manifestaciones, haber sido acusadas de actos conspirativos o por manifestar simplemente su oposición al gobierno”.

Para el panel de expertos, “violaciones o hechos de violencia sexual formaron parte de un tipo específico de tortura en el que los autores tuvieron indudablemente conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra el grupo identificado como opositores políticos”.

En cuanto a acusaciones por lesiones, “las estadísticas más recientes publicadas por el Ministerio Público durante el mandato de Luisa Ortega Díaz, indican que, para fines de julio de 2017, se estaban investigando casi 2.000 casos de personas heridas durante las protestas iniciadas el 1 de abril de 2017”, explican.

Asimismo, desde marzo de 2015 la CIDH ha otorgado 16 medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de 35 opositores políticos y defensores de derechos humanos en Venezuela y las familias de algunos de estos. “La mayoría de estas medidas fueron otorgadas luego de comprobar que existían actos de amenazas, amedrentamientos, hostigamiento y actos de violencia para con los beneficiarios de dichas medidas”, detallan.

Una respuesta intimidatoria frente a la crisis

En el informe también se acusa al gobierno de Nicolás Maduro de que “la respuesta frente a la crisis [económica, política y social] no ha sido otra que intimidar y reprimir a quienes denuncian esta situación”. Insisten en que “tampoco han articulado ni implementado políticas efectivas para mitigar la crisis, y han realizado acciones muy limitadas para obtener la asistencia humanitaria internacional”.

El informe hace hincapié en que no se informó de las razones de los arrestos

En cuanto a cuestiones judiciales, “la falta de independencia del Poder Judicial se evidencia en el avance que viene realizando este poder y el Poder Electoral sobre el Legislativo, sobre todo desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015, que dieron la mayoría de la Asamblea Nacional (AN) a la oposición”, recuerdan.

Por último, evidencian “no sólo la inexistencia de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Venezuela, sino también su instrumentalización política”. E indican que la justicia está puesta al servicio “de la impunidad de los altos funcionarios y autoridades, por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.

María Rodríguez

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