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Michelle Bachelet le pide al régimen en Nicaragua que no mate más y dialogue

jueves 18 de abril de 2019, 14:00h

Daniel Gómez (ALN).- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dice estar “preocupada” con Nicaragua. Teme “otra reacción violenta” ante las protestas que se avecinan. Por eso exige al régimen de Daniel Ortega “asegurar que las fuerzas de seguridad garanticen los espacios necesarios para que las personas se reúnan pacíficamente y puedan expresar sus opiniones de conformidad con los derechos internacionalmente reconocidos”. Bachelet también se abre a dialogar “siempre y cuando se den condiciones que les permitan operar de manera efectiva y creíble”.

Se avecina una nueva ola de protestas en Nicaragua / Foto: @COSEPNicaragua
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Se avecina una nueva ola de protestas en Nicaragua / Foto: @COSEPNicaragua

Naciones Unidas calcula que el éxodo nicaragüense lo conforman 62.000 personas. Otro problema migratorio para Latinoamérica provocado por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Un régimen al que la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, ahora alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, atribuye “un número de fallecidos superior a 300 personas, 2.000 heridos y varios centenares encarcelados” tras un año de protestas.

Bachelet destacó que entre las violaciones cometidas el año pasado se incluyen “la criminalización, el hostigamiento y los ataques en contra de líderes estudiantiles, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas críticas con el Gobierno”

Bachelet dijo este martes estar “preocupada” por Nicaragua. Se avecinan nuevas protestas y teme “otra reacción violenta” por parte del régimen. Por eso le exigió a Ortega “asegurar que las fuerzas de seguridad garanticen los espacios necesarios para que las personas se reúnan pacíficamente y puedan expresar sus opiniones de conformidad con los derechos internacionalmente reconocidos”.

Bachelet también pidió medidas, “las necesarias”, para evitar que las autoridades hagan “uso excesivo de la fuerza”. Cosa que ocurrió en abril de 2018, cuando el descontento con Ortega estalló en protestas. Primero pacíficas. Luego sangrientas por la acción del régimen y los paramilitares, conocidos como turbas.

Bachelet destacó que entre las violaciones cometidas el año pasado se incluyen “la criminalización, el hostigamiento y los ataques en contra de líderes estudiantiles, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas críticas con el Gobierno”.

También denunció “la censura de los medios de comunicación, la prohibición de manifestaciones y el persistente uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias a gran escala por parte de la policía”. Bachelet agregó que “la suma de estas acciones junto a la falta de rendición de cuentas ha incrementado las tensiones en el país en vez de apaciguarlas”.

La ONU se ofrece a dialogar “con condiciones”

Tampoco, en opinión de la alta comisionada, ha servido el diálogo. Reconoce que ha habido acuerdos recientes entre Ortega y la oposición, representada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sin embargo, denuncia que las negociaciones se han detenido y los acuerdos siguen sin activarse.

“El hecho de que las negociaciones hayan llegado a un punto muerto y que el Gobierno no esté honrando los acuerdos alcanzados hasta ahora, está socavando la posibilidad de establecer un verdadero diálogo inclusivo para resolver la grave crisis social, política y de derechos humanos que enfrenta el país”, comentó Bachelet.

La alta comisionada dice estar dispuesta a cooperar con el Gobierno de Nicaragua para que haya diálogo. Incluso ofrece una misión técnica al país para ayudar a las autoridades a cumplir con las obligaciones internacionales en derechos humanos. Eso sí: “Siempre y cuando se den condiciones que les permitan operar de manera efectiva y creíble”.

Se repite para Bachelet la misma historia que en Venezuela. Por el éxodo. Por la represión. Y por el diálogo. En esta ocasión es el régimen de Ortega y no el de Nicolás Maduro el que pone trabas al trabajo de Naciones Unidas sin garantizar las condiciones.

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