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La petrolera Citgo es otra historia de la misma tragedia de Venezuela

viernes 18 de octubre de 2019, 18:00h
Guillermo Ortega (ALN).- Uno de los acontecimientos más crueles es que poco a poco, Venezuela deja de ser un actor petrolero. La tragedia cada vez tiene nuevas dimensiones. En los próximos días vamos a presenciar el desenlace de otro capítulo, esta vez referido a la pérdida de uno de los principales activos del país en el exterior: la empresa Citgo.
Lo de Citgo es una tragedia que se desenvuelve en varios escenarios / Foto: WC
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Lo de Citgo es una tragedia que se desenvuelve en varios escenarios / Foto: WC

La tragedia de la economía venezolana es gigantesca. Es el mundo distópico, las peores profecías se hacen realidad. Los números no describen con exactitud la magnitud y gravedad de lo que ocurre, la enorme tragedia humana que presenciamos a diario. El producto interno es menos de un cuarto de lo que era en 2012 y el crecimiento de los precios sigue a niveles hiperinflacionarios, con una caída brutal en el ingreso de los asalariados. Sólo entre mayo y octubre, en un ambiente donde de manera circunstancial ha caído el ritmo de crecimiento de los precios, el aumento del salario mínimo de la semana pasada en realidad representa una caída adicional en términos reales de cerca de 20%.

Uno de los acontecimientos más crueles es que poco a poco, el país también deja de ser un actor petrolero. La tragedia cada vez tiene nuevas dimensiones. En los próximos días vamos a presenciar el desenlace de otro capítulo, esta vez referido a la pérdida de uno de los principales activos del país en el exterior: la empresa Citgo. Como se sabe, en octubre 2016 PDVSA puso como garantía el 50,1% las acciones de la empresa PDV holding, como parte de un plan de intercambiar el bono de PDVSA con vencimiento en 2017. Fue un intercambio costoso, incluso con el colateral por delante, producto de décadas de espaldas al mercado externo, con una empresa que tenía una alocada política de endeudamiento.

Esa empresa es la propietaria de un conjunto de activos de refinación que el país posee en Estados Unidos. Hasta octubre se ha amortizado el 50% del bono y ahora toca pagar una cuota adicional de 841 millones de dólares de capital, más 71 millones de dólares en intereses. Con la imposibilidad de pagar, lo más probable es que se dispare el reclamo del colateral y con ello se pierda el control de la compañía.

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Es cierto que es parte de la misma tragedia, la misma distopía. Años de equivocaciones en materia de política económica, desaciertos en el manejo de la industria, pésimas decisiones en el manejo financiero, responsabilidades que tienen nombre y apellido. Sin embargo, en este caso particular, la tragedia no es menos traumática. En términos numéricos se estaría perdiendo un activo, que puede valer en torno a 9.000 millones de dólares, por la garantía de un bono del que queda por pagar menos de 20% de ese monto. Fue un mal negocio en su momento y sigue siéndolo en el presente. A nadie se le ocurrió acotar el valor de la garantía o reducirla en la medida que se iba amortizando el bono.

Una liquidación desordenada de los activos

Ocurre con Citgo, lo mismo que pasa en un divorcio donde las partes por no ponerse de acuerdo, la disputa conduce a una liquidación desordenada de los activos. No es que la situación no era ya mala, es imposible soslayar que los problemas vienen de mucho antes, de nuevo, demasiados errores acumulados, pero la ausencia de un acuerdo básico entre las partes conduce a un escenario aún más desfavorable.

Es un ejemplo patético de lo que puede ser un arreglo no coordinado. Citgo tiene como principales activos, tres refinerías con una capacidad de 750.000 b/d, con un porcentaje de utilización de 95%. Además, posee instalaciones de almacenamiento de cerca de 21 millones de barriles, en 22 estados, y tiene acuerdos de distribución con 5.500 estaciones de servicio.

¿Qué tan importantes son esos activos? Están por debajo de Marathon, Valero o Exxon, los grandes jugadores en el negocio de refinación, pero representan cerca del 4% de toda la capacidad instalada en Estados Unidos. Para tener otra idea, en Venezuela existen activos de refinación por cerca de 1.300 millones b/d, de los cuales hoy en día se utiliza menos del 25%, Citgo es casi tres veces la refinación del país. De las tres refinerías, dos están en el golfo, Lousiana y Texas, y la otra en Illinois. Las dos primeras solían recibir crudo venezolano, pero la mas rentable es la que está en el norte que recibe crudo de Canadá.

El mundo de la refinación ha cambiado de forma dramática. Hay refinerías pequeñas que pueden ser muy eficientes, con capacidades inferiores a los 150.000 b/d, y las grandes han sufrido importantes procesos de transformación. Citgo, en cambio, se quedo congelada en el tiempo. La adquisición de esa compañía se inició en 1986 en época de Jaime Lusinchi y se completó en 1990 en la administración de Carlos Andrés Pérez. Con una inversión que en dólares actuales estaría por el orden de los 4.000 millones de dólares. Desde el comienzo, la empresa estuvo atrapada en esas marchas y contramarchas que ha caracterizado la política petrolera venezolana, el dilema de crecer o no, la discusión absurda de si defender volúmenes o precios.

La viabilidad financiera de Citgo es algo sobre lo cual siempre ha existido controversia. Si se sustrae el subsidio implícito de venderle petróleo venezolano barato, la rentabilidad no era muy favorable. Citgo no creció mucho desde su adquisición, lo mismo que ocurrió con la producción petrolera del país. Mas bien la capacidad de refinación es menor a la que tenía la empresa en 1997. Se endeudó para pagar dividendos a la casa matriz y con ello se generó doble carga impositiva. La empresa en su conjunto, sin ese subsidio del petróleo barato, no tenía mucho valor si no era competitiva. Para Venezuela siempre fue muy discutible invertir en activos de refinación fuera del país versus hacerlo adentro, donde se integra con otras cadenas de valor.

Una estrategia equivocada

Hoy quizás el país está pagando el costo de una estrategia equivocada, en vez de crecer en activos de refinación en el país, se optó por crecer afuera. Pero tampoco se permitió crecer en el exterior. El peor de los mundos. Si se quería competir en el mercado de refinación, había que invertir en él, pero terminó como el exilio dorado de algunos de los ejecutivos de la industria. La situación actual es que los activos por separado quizás tienen más valor que el conjunto.

Hoy es una decisión más financiera que de estrategia petrolera. El PDVSA 2020 es un bono que se produce en el intercambio con el vencimiento del PDVSA 2017, en el cual se colocó como colateral el 50,1% de las acciones de Citgo. Ante la imposibilidad de pagar, la pregunta inmediata es: ¿Qué hacer?

Siempre existe la posibilidad de desconocer la deuda. Claro, si ésta se contrajo bajo un arreglo legal que obliga a pagar, no pasa de ser un ejercicio inútil. En este caso no pagar significa sencillamente perder el 50,1%, no hay juicio o controversia judicial, se ejecuta la garantía y el nuevo dueño se posiciona. Algunos han sostenido, quizás como argumento de última hora, que el PDVSA 2020 es un bono espurio, por cuanto no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Se alega la violación del artículo 150 de la Constitución. Cualquiera que tenga un conocimiento básico de derecho, sabe que la Constitución establece un marco general. El artículo 150 estipula que efectivamente requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en “los casos que establece la ley”. En esta materia la legislación que regula esos asuntos es la Ley Orgánica de la Administración Financiera (LOAF) que expresamente establece una excepción a PDVSA de acudir a la Asamblea Nacional. La misma excepción la establecía la anterior Ley Orgánica de Crédito Público.

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Por controversial que parezca, tiene sentido exceptuar a una empresa como la petrolera de ir a la Asamblea Nacional para la aprobación de cualquier aprobación de endeudamiento. No sólo el PDVSA 2020, todo el endeudamiento de PDVSA, sean bonos o préstamos, requería de aprobación legislativa. De hecho, si ese fuera el caso, ni siquiera Citgo podría emitir deuda sin aprobación de la asamblea venezolana. Ese argumento no parece muy apropiado. Quizás es más relevante para eventos como el de un derecho para explotar una mina, como el caso de Crystallex, pero no para la emisión de un bono para una empresa como PDVSA. También se ha dicho que el problema es la ley que permitió ese endeudamiento en primera instancia, es decir la LOAF, pero allí aun obteniendo un fallo favorable, éste no tendría efectos retroactivos. El camino de montarse en la máquina del tiempo puede ser un ejercicio muy entretenido, aunque inútil en la eventualidad de la ejecución de la garantía.

La discusión legal, quizás sólo sirva para que algunos abogados capturen algunas rentas. Muchos abogados tienen la enorme habilidad de sentarse en ambos lados de la mesa. El camino de repudiar una deuda es algo que no ha sido muy exitoso, sobre todo cuando esa deuda ha sido emitida basada en leyes extranjeras. Rafael Correa lo intentó en 2008 haciendo default en cerca de 3.000 millones de dólares, aduciendo que se trataba de un endeudamiento contraído de forma ilegal. Sin embargo, después de varios años de batalla, terminó reconociendo la deuda y además pagándoles una buena tajada a los hedge funds que se metieron en el medio. Obtuvo algunas ganancias en la recompra, pero al final tuvo que reconocer su “legalidad”. Tal vez en este caso se trate de algo parecido, asustar a algunos tenedores, mientras se recompra del otro lado. Lamentablemente, no hay tiempo para ejecutar una estrategia parecida y además existe un colateral que se ejecuta de forma inmediata.

Una medida de gracia

Lo de Citgo es una tragedia que se desenvuelve en varios escenarios. Se trata de dos protagonistas que controlan sólo una punta del negocio y los acreedores tienen un instrumento de ejecución inmediata. No hay mucho margen de maniobra, ni tampoco el tiempo. La actual administración de Citgo colocó una traba adicional al imponer un condicionante para la emisión del Citgo 2024, que implica el pago inmediato de los 1.370 millones de dólares en caso de que haya un cambio en la estructura accionaria de la compañía. Lo que sale es solicitar una medida de gracia, por vía de una orden ejecutiva, o una declaratoria judicial y proceder a un proceso de liquidación ordenada. Pero eso no se logra desconociendo la deuda y sin el acuerdo entre las partes. En un mundo distópico, eso pareciera imposible.

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