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La ruptura de la convivencia abre otra herida en América Latina

sábado 23 de noviembre de 2019, 12:00h
Ysrrael Camero (ALN).- ¿Cuánto hay de distinto y cuánto de común en las protestas que se despliegan hoy en Latinoamérica? ¿Qué las une y qué las separa? ¿Son acaso fruto de dos conspiraciones mundiales que chocan localmente o expresan agendas sociales internas, sectoriales, regionales o nacionales?
El fraude electoral de Evo Morales desató el caos en Bolivia / Foto: WC
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El fraude electoral de Evo Morales desató el caos en Bolivia / Foto: WC

Los cacerolazos resuenan en la noche, no sabemos si estamos en Caracas o en Santiago. En la mañana cientos de personas se juntan a protestar, levantan sus pancartas y vuelven a entonarse consignas de un repertorio compartido, que define una manera de construir política. Nuestros sonidos son similares en Bogotá, en Quito, en Managua o en Maracaibo. Respiramos el mismo aire y el olor a gas lacrimógeno también se ha convertido en una experiencia común.

¿Cuánto hay de distinto y cuánto de común en las protestas que se despliegan hoy en Latinoamérica? ¿Qué las une y qué las separa? ¿Son acaso fruto de dos conspiraciones mundiales que chocan localmente o expresan agendas sociales internas, sectoriales, regionales o nacionales?

Ciclos comunes: flujo y reflujo

Lo que parece claro es que una marea común de indignación ciudadana recorre América Latina, bajo signos ideológicos distintos, como señal de que los pactos de convivencia que sostienen nuestra vida social y que vinculan a gobernantes y gobernados están sometidos a fuertes tensiones.

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Esta marea de indignación comparte un rasgo fundamental, su vinculación con un ciclo de contracción económica, de retroceso de los ingresos, luego de más de una década de crecimiento. La clase media que prosperó bajo el boom ha empezado a empobrecerse. Los que hoy protestan han visto mermar sus ingresos durante el último lustro, y sus expectativas son negativas.

América Latina tuvo un largo ciclo de prosperidad vinculado al incremento del precio internacional de sus principales productos de exportación, los commodities, bien sea soya, petróleo o cobre, que se inició en 2000 y se prolongó hasta 2014. Junto con el aumento de los ingresos emergieron gobiernos con afán redistributivo. Una nueva clase media creció, con patrones de consumo crecientes y exigencias novedosas.

Este auge fue usado por algunos gobiernos para fortalecer la institucionalidad pública más allá de la prosperidad privada. Los chilenos avanzaron de manera sostenida en ese sentido. Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera consolidaron el Estado democrático.

En Perú, desde Alejandro Toledo en adelante, pasando por Alan García, no solo creció la clase media sino que se consolidó la institucionalidad. En Brasil los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Lula Da Silva avanzaron, junto a su sector empresarial, para colocar a la democracia brasileña en un nuevo rol de liderazgo.

Los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos disfrutaron durante el ciclo expansivo de la gobernabilidad necesaria para avanzar en sus respectivos planes de acabar con la guerrilla, pacificar el país y fortalecer la capacidad del Estado colombiano para garantizar un orden público y un Estado de derecho.

Hubo gobiernos que despilfarraron las oportunidades, generando un incremento del consumo con poco desarrollo institucional. El caso paradigmático podría ser Argentina, bajo los Kirchner la economía se abultó sin desarrollarse, los nuevos patrones de consumo de los sectores medios no estuvieron acompañados del fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos. Al caer el ingreso externo, todo empezó a derrumbarse.

Los gobiernos de Rafael Correa y de Evo Morales quedaron atrapados en la paradoja. Generaron crecimiento económico sostenido, reducción de la pobreza, con un manejo responsable de la economía que parecía anunciar una solidez institucional inédita en sus países. Correa impulsó la elección de Lenín Moreno, retirándose antes de que el cambio de ciclo perjudicara su gestión.

Pero el personalismo de Evo Morales, la debilidad de las instituciones bolivianas, y las tendencias autoritarias de su gobierno derivaron en la imposición inconstitucional de su reelección, impulsando la movilización que terminó con su caída.

Otros emplearon los recursos derivados de la expansión para incrementar el control del gobierno sobre la vida de los ciudadanos, disminuyendo la autonomía y fortaleciendo relaciones de dominación cada día más arbitrarias y despóticas. Tal es el caso de Venezuela y Nicaragua, quienes, empleando el patrón despótico cubano, instauraron gobiernos despóticos y liberticidas.

Se derrumbaron los ingresos y el ciclo de la economía mundial luce recesivo. Hoy la ventana de oportunidad se ha cerrado y las tensiones vuelven a salir a flote, crujiendo los sistemas, y sometiendo la institucionalidad a fuertes presiones.

Las protestas en Chile continúan y se ha propuesto cambiar la Constitución / Foto: WC

De una u otra manera todas las sociedades latinoamericanas han sido afectadas por el ciclo recesivo. Este decrecimiento de la economía tuvo un impacto muy negativo en los sectores medios e implicó el retorno a la pobreza de los más vulnerables. Este rasgo común crea un caldo de cultivo compartido para la protesta. Pero su expresión concreta está cargada de las agendas locales.

La indignación movilizada

Sea explícito o implícito uno de los fenómenos que expresa la ola de protestas masivas que cubre América Latina es que existe una confianza en la capacidad que tienen las movilizaciones para alterar el rumbo de la política. El repertorio de protestas se encuentra vivo, y es expresión de una tradición democrática, que cruza transversalmente el espectro ideológico, trascendiendo diferencias generacionales.

Los que protestan en Caracas o en Managua no están obedeciendo órdenes del “Imperio americano” ni de Donald Trump, así como los que protestan en Santiago de Chile, en Bogotá o en Cali no siguen las instrucciones del Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Ni unos ni otros tienen tanto poder ni tanto control sobre el repertorio de protestas. Cosa distinta es sostener que las protestas tienen un impacto que afecta a uno u otro bloque en la disputa geopolítica regional.

El caso más brutal ha sido el derrumbe de Venezuela. La caída de los precios del petróleo coincidió con la muerte de Hugo Chávez. Ambos elementos desnudaron la realidad de una economía destruida por un ejercicio irresponsable del gobierno, y de una institucionalidad política demolida por la autocratización despótica, dejando a la sociedad empobrecida e indignada. La autocratización se profundizó con Nicolás Maduro al mismo ritmo de la demolición de la economía y el empobrecimiento de la sociedad.

Venezuela, durante 2019, así como antes en 2017 y en 2014, ha vivido un período de movilización de los sectores democráticos contra un régimen despótico y tiránico. Maduro ha perdido toda capacidad de movilización masiva y ha escogido la represión sistemática y brutal.

En Chile la ralentización de la economía golpeó a los sectores más vulnerables en un entorno profundamente desigual. Lo que estalló el 14 de octubre se había acumulado durante el ciclo de crecimiento, y se encontraba solapado bajo el manto de una imagen de prosperidad. El endeudamiento marcó el consumo de los sectores medios, y la precariedad el sostenimiento de los bajos. Cuando la escasez relativa sustituyó a la prosperidad percibida, las agendas de conflicto emergieron con fuerza, primero con los jóvenes sin acceso a la educación superior, hoy extendidas a una exigencia de cambio en la gran mayoría de los chilenos.

La respuesta gubernamental se inició con la represión, luego con la estupefacción, y finalmente se ha decantado hacia un impulso consensual de las reformas exigidas, incluyendo la superación de la Constitución de 1980, aprobada en dictadura, por una nueva Carta Magna, debatida pluralmente. Ha sido la apuesta más inteligente de Piñera y de los políticos chilenos.Ahora se suman las protestas contra Iván Duque en Colombia / Foto: WC

Las organizaciones indígenas en Ecuador protestaron contra el aumento del combustible decidido por Lenín Moreno desde el 2 de octubre. Los argumentos técnicos a favor son claros, el manejo político pudo ser mejor. Al parecer la institucionalidad ecuatoriana ha mantenido su solidez y no amenaza con derrumbarse el gobierno pero las calles aún están activas.

En Colombia el previsible naufragio del proceso de paz y la reactivación de episodios de violencia durante las elecciones han incrementado las tensiones. El Centro Democrático no tuvo buenos resultados en las últimas elecciones, y sectores independientes avanzaron en sitios claves como Bogotá. Un paro contra el gobierno de Iván Duque el 21 de noviembre generó manifestaciones masivas en Colombia, que terminaron en episodios de violencia en Cali.

En Nicaragua las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega, se recrudecieron luego del 1º de septiembre. Mientras, en Panamá, se protesta contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Laurentino Cortizo y protestan en un empobrecido Haití contra el gobierno de Jovenel Moise.

El caso boliviano ha generado confusión. El gran causante de la crisis en Bolivia fue Evo Morales, en su afán personalista por reelegirse, tras 14 años en el poder, que lo llevó a violar la Constitución, e ir contra la voluntad popular expresada en un referéndum. La participación de la oposición en las elecciones y las posteriores movilizaciones contra las irregularidades del proceso, condujeron a Morales a renunciar. Pero las movilizaciones continúan, a favor y en contra, incrementando la incertidumbre respecto a la convivencia democrática futura, lo que tiene que resolverse pasado por unas elecciones democráticas.

Diferencia trascendental

Es imperativo recalcar una diferencia en las movilizaciones, derivada del talante del poder al que se enfrentan unos y otros. Los jóvenes que protestan en Managua contra la dictadura de Daniel Ortega, y los que se levantan en Caracas o Maracaibo contra el régimen despótico de Nicolás Maduro, se enfrentan a la represión feroz de regímenes que violan los derechos humanos de manera sistemática y continuada, que no tienen prurito en asesinar manifestantes, en llevar a las cárceles sin juicio a diputados o lanzar al exilio a dirigentes opositores. No hay Estado de derecho al cual acudir ni hay seguridad personal que te pueda amparar ante el despotismo de Maduro o de Ortega.

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Ese es un rasgo demoledor, porque en el centro de las exigencias de los manifestantes que arriesgan su vida al salir a la calle en Venezuela o en Nicaragua, se encuentra el fin de la arbitrariedad del poder, el cese del despotismo y de la usurpación, es decir, la instauración efectiva del Estado de derecho para garantizar a los ciudadanos una vida libre y plena.

Un peligro común

Una sombra se proyecta sobre toda la región, y pone en riesgo los esfuerzos que, generación tras generación, hemos hecho los latinoamericanos por construir un Estado democrático de derecho.

Se está perdiendo el ánimo de convivencia y de coexistencia plural en las sociedades, lo que se relaciona con los espacios públicos de encuentro, sustituidos por nuevos tribalismos. Estamos generando mucho ruido pero no nos estamos escuchando más allá del eco de nuestra propia tribu. Si se pierde el ánimo de convivencia que nace del reconocimiento de la diferencia, y de la legitimidad que tiene la posición política y cultural del otro, estamos poniendo en riesgo lo que la región ha podido construir en un siglo de luchas por la democracia.

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