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¿Sucumbirá López Obrador a la tentación del poder absoluto?

jueves 05 de diciembre de 2019, 18:00h
Rogelio Núñez (ALN).- En 2001, cuando Cristina Kirchner ganó las elecciones presidenciales con más de 40 puntos de ventaja, la entonces presidenta reelecta soñó con establecer una hegemonía sin contrapesos en Argentina. Fue su famoso “vamos por todo”. En la actualidad muchos analistas se preguntan si esa tentación hegemónica no estará siendo valorada por otros mandatarios: en concreto por Andrés Manuel López Obrador.
López Obrador aspira a marcar un antes y un después en la historia de México / Foto: @lopezobrador_
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López Obrador aspira a marcar un antes y un después en la historia de México / Foto: @lopezobrador_

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, si bien se ha mostrado pragmático y moderado hasta ahora, no ha ocultado la aspiración a que su presidencia marque un antes y un después en la historia del país. Incluso, desde la campaña electoral y tras asumir, siempre ha enarbolado la bandera de que su actual administración representa la IV Transformación del país. El mandatario aspira a situar su sexenio al nivel de otros tres momentos clave de la historia de México tras la Independencia (1810-1821), la Reforma (la guerra entre liberales y conservadores de 1858 a 1861) y la Revolución (1910-1917).

Este proyecto de refundación al que aspira López Obrador, además de crear grandes expectativas entre sus seguidores, se ve arropado por dos fenómenos.

En primer lugar, por la ausencia de una oposición capaz de ofrecer alternativas o servir de contrapeso. El PRI y el PAN se encuentran desaparecidos.

María Amparo Casar, en el diario Excelsior, subraya que “ojalá pudiera decirse que están en retirada táctica y rehaciendo sus organizaciones, pero lo que alcanzamos a ver es que más bien están noqueados, divididos y lamiéndose las heridas en lugar de prepararse para la siguiente ronda. Por lo pronto no se perfilan líderes potenciales con la capacidad, primero, de rehacer sus partidos, segundo, de superar las diferencias internas y, tercero, de fraguar coaliciones rumbo al 2021. No se ve por ningún lado una estrategia de regreso. El resultado: una oposición disminuida, desavenida, fragmentada, poco combativa y, aparentemente, sin estrategia después de un año y medio de la derrota y de un año de gobierno”.

Y en segundo lugar, López Obrador, a diferencia del resto de mandatarios regionales, cuenta con mayoría absoluta en el Legislativo que le da mucho margen de acción para controlar al resto de las instituciones nacionales.

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Esas tendencias hegemonizantes se perciben, como señala Steven Levitsky en la revista Nexos, en que “AMLO es un tipo que no ama los checks and balances -contrapesos- y piensa que está por encima de ellos, y eso es algo por lo que hay que preocuparse… su lenguaje a veces parece estar en la frontera de no reconocer a sus rivales, pero no les dice ‘traidores’ como lo hace mi presidente… su lenguaje hacia los medios es perturbador. Y ha mostrado interés claro en politizar al Estado: el voto dudoso para imponer a una militante de Morena al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un ejemplo. Hasta ahora sus propuestas para la Suprema Corte se han visto bastante bien”.

El control sobre las instituciones

Efectivamente, en su mentalidad, las instituciones son secundarias. Si no están a su favor no son funcionales. Cabe recordar que en 2006, cuando creyó que le habían robado las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, dijo: “Al diablo con sus instituciones”. Para AMLO las instituciones son secundarias por dos razones.

Primero porque fueron creadas para y dirigidas por el “neoliberalismo”.

Y en segundo lugar porque, por encima de ellas, hay otro actor más importante: la institución “esencial es el pueblo, a quien más confianza le tengo es al pueblo, es nuestro ángel de la guarda”.

Esas son las razones y el contexto que explican por qué López Obrador y su entorno -en especial la fuerza política creada por él, Morena- se han lanzado a lo que algunos analistas, como Jaime Guerrero Vázquez, consideran una “sistemática disminución y destrucción de las instituciones autónomas y de los contrapesos al gobierno federal”. En su año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha logrado marginar a ciertos organismos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), mientras colocaba a figuras de su confianza en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) donde fue asignado como consejero Bernardo Bátiz para el periodo 2019-2024. Como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), nombró a Alejandro Gertz Manero, un exasesor. La imposición de allegados al presidente ha tenido lugar también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al poner al frente de la misma a Rosario Piedra Ibarra, militante de Morena.

Como sostiene Luis Rubio en Milenio, “de un país que parecía estrictamente apegado a ciertas reglas del juego (las más relevantes siempre “implícitas”), pasamos a ser una sociedad sin reglas, sin autodisciplina y con infinidad de grupos y personas dispuestas a emplear cualquier método para avanzar sus intereses y objetivos. Ahora hemos vuelto al sistema de imposición personal”.

En concreto dos organismos se alzan como trascendentales para preservar a México como una democracia en la que exista un entramado de pesos y contrapesos que impidan que emerja un poder absoluto. Se trata del Instituto Nacional Electoral (INE), que vela por la integridad de los comicios, y de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que es la única barrera institucional frente a la aplanadora morenista que controla el Poder Ejecutivo (López Obrador), el Legislativo (Morena) y la mayoría de los gobiernos de los estados (gobierna en 20 de los 30 estados).

Ambas instituciones padecen en estos momentos la ofensiva del gobierno para ahogarlo financieramente (INE) o cooptarlo (SCJN).López Obrador asfixia financieramente al Instituto Nacional Electoral / Foto: INE

La asfixia del Instituto Nacional Electoral

La estrategia hegemonista se basa en cambios, algunos sutiles, otros no tanto, y en el ahogo financiero de algunas instituciones.

Un caso relevante es el del Instituto Nacional Electoral (INE) de México que ha experimentado un drástico recorte a su presupuesto, aprobado en un Congreso mexicano dominado por Morena, que lo ha situado en un “límite crítico” para 2020. De la solicitud de presupuesto por 12.493 millones de pesos (642,6 millones de dólares) presentado para 2020, el Congreso recortó casi un 9%, el más elevado en casi tres décadas.

Además de ahogarlo financieramente, el oficialismo aspira a ejercer un mayor control político. El diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, impulsa un proyecto para recortar de nueve a tres años el periodo de mandato del consejero presidente del INE y hacer rotativa la presidencia.

Los integrantes de la Junta General Ejecutiva del INE han salido a criticar esta medida que rompería con la independencia partidista de esta institución: “Lo decimos sin ambages: esta iniciativa de decreto, como otras presentadas recientemente en la misma lógica, son una clara e injustificada intromisión en la vida interna del Instituto y una flagrante violación a la autonomía del INE plasmada por el propio Legislativo en la Constitución… de renovarse la presidencia cada tres años, a la víspera de cada proceso electoral federal, cambiaría la conducción del Instituto, lo cual desestabilizaría y sometería el proceso a una carga política adicional por el nombramiento”.

El INE, creado en 2014 como heredero del IFE nacido en 1990, es la institución autónoma que ha velado por la correcta y transparente celebración de elecciones desde hace tres décadas. Sin el INE no habría sido posible el paso de un régimen autoritario, como el priista, a una democracia plena como la actual que ha permitido la victoria de fuerzas opositoras en 2000, 2012 y 2018.

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José Woldenberg, uno de los padres del IFE histórico, alerta en Nexos que “hay quienes no ven con buenos ojos la autonomía que ejerce el Instituto y ensueñan una institución alineada con el gobierno. No toman en cuenta que la cualidad fundamental y necesaria del INE es la de ser un organismo que debe ofrecer garantías de imparcialidad a todos los contendientes y que, si ello no sucede, no sólo la conflictividad será mayor, sino que lo que debe ser un expediente legitimador de los gobiernos y los legislativos puede trocarse en su contrario…. Hay otros, sin embargo, que, de buena fe, cuestionan el presupuesto de la Institución … Se trata de una inversión, no de un gasto. ¿Porque cuánto le costaría al país volver a las elecciones impugnadas? Así que lo mejor es no jugar a desmantelar lo que tantos esfuerzos costó construir”.

El control sobre la Suprema Corte de Justicia

La rama judicial se alza como el único posible contrapeso al poder de López Obrador, dado que el presidente ostenta el Poder Ejecutivo y controla el Legislativo y a la mayoría de los gobernadores. De hecho, como señalara en El País Andrea Pozas-Loyo, profesora de derecho en la UNAM de la Ciudad de México, “toda la agenda del presidente pasará por los tribunales en algún nivel. La Corte Suprema será extremadamente importante para consolidar las reformas que la administración de AMLO desea llevar a cabo”.

El mundo judicial, que sin duda requiere de una profunda reforma, está viendo cómo se produce una purga soterrada que tiene más de tintes partidistas que de búsqueda de la excelencia y la eficiencia. Los cambios los lidera, desde enero, Arturo Zaldívar, quien se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal. Se destaca de él, su cercanía con Julio Scherer, que ejerce un rol que va más allá de simple consejero jurídico de López Obrador.

La llegada de Zaldívar se inserta dentro de la estrategia del lopezobradorismo que se ha lanzado a controlar la Corte. En el primer año de su sexenio, López Obrador ya ha conseguido situar a dos de los 11 jueces de la Suprema Corte. La mayoría con la que cuenta en el Senado le ha permitido obtener las ratificaciones de sus candidatos ya que la Cámara Alta elige a uno de los tres candidatos recomendados por el Ejecutivo. Primero nombró a Juan Luis González Alcántara en enero y en marzo a una nueva jueza, Yasmín Esquivel Mossa, para sustituir a Margarita Luna Ramos.

Estos movimientos los ha podido hacer López Obrador por la mayoría que posee Morena en el Legislativo y porque le ha acompañado la suerte: estos dos cambios se deben a que ambos magistrados acababan el periodo por el que fueron electos y por lo tanto entraban dentro de la lógica. Sin embargo, muy diferente ha sido cuando en octubre, Eduardo Medina Mora renunció a la SCJN. Era miembro de la Corte desde 2015 e iba a terminar su gestión en 2030 pero un posible escándalo de corrupción aceleró su salida.

Esta situación ha posibilitado que López Obrador, apenas en un año, haya puesto a tres jueces en el tribunal más alto del país. En su terna para sustituir a Medina Mora, el presidente eligió a tres mujeres (Ana Laura Magaloni, Diana Álvarez o Margarita Ríos-Farjat), y para 2021 cuando Fernando Franco se retire, el mandatario podrá proponer a su sustituto.López Obrador busca el control absoluto de la Suprema Corte de Justicia / Foto: SCJN

¿Hacia el poder absoluto?

Un panorama como el expuesto no hace sino profundizar la debilidad institucional que caracteriza a México, la cual se convierte en palabras de Luis Rubio en el diario Milenio, en una herramienta que “ha hecho posible desmantelar todo lo que el presidente actual ha querido. La permanencia sólo se garantiza por instituciones sólidas, requisito esencial de la civilización y de la democracia”.

Todo apunta a que en 2019 ha estado centrado en controlar las palancas institucionales que le van a permitir dar el salto cualitativo en el tiempo que viene. Un cambio estructural que se puede convertir en una especie de apertura de una Caja de Pandora de consecuencias difíciles de evaluar.

No en vano, como recuerda el historiador Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos, “su tarea ha sido aquí también dual: con una mano se ha dedicado a desmantelar lo heredado, con la otra a establecer las reglas de lo que él llama la Cuarta Transformación de México, siendo las tres anteriores La Independencia, La Reforma y La Revolución, todas con las mayúsculas debidas. Lo menos que puede decirse es que al terminar su primer año de gobierno, López Obrador tiene más poder que nunca sobre el Estado y menos poder que nunca sobre dos temas de la agenda pública: la inseguridad y la presión estadounidense. Y, sin embargo, su poder está ahí, sin rival interno a la vista, salvo el enorme rival de sus propias equivocaciones”.

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