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El régimen de Maduro le mete la mano a las empresas del antiguo protector de Chávez

lunes 03 de febrero de 2020, 14:00h
Juan Carlos Zapata (ALN).- Entraron a saco. Porque van por el botín. Como dijo Napoleón Bonaparte: Soldado, lo que no tienes lo tiene el enemigo. Y allí está la Junta Interventora de Multinacional de Seguros. Tomándolo todo. Queriéndolo todo. Convirtiendo el grupo de Tobías Carrero en botín de guerra. Porque en tiempos de chavismo los hechos son guerra, batallas, trinchera, conflicto, enemigo, tierra arrasada, y hasta holocausto, que en eso se traduce el éxodo y el exilio para millones de venezolanos.
Carrero y Chávez estudiaron secundaria en el mismo liceo de Barinas / Foto: WC
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Carrero y Chávez estudiaron secundaria en el mismo liceo de Barinas / Foto: WC

Allí la junta interventora que va contra Multinacional, y también contra Seguros Guayana, y Seguros Interbank, y Seguros Adriática, y cómo no, contra el Hotel VIP de La Castellana, donde ya han pedido espacio para instalarse, algunos. “Esto es nuestro”, dijeron.

E irán contra las emisoras. Y el equipo de béisbol en Margarita. Y ya irán a Barinas, a ver qué queda en manos de Carrero. Porque la finca fue confiscada años ha por Hugo Chávez. De modo que lo ordenado y decretado por Nicolás Maduro y el ministro Tareck El Aissami es continuación de una operación política que toma nuevos bríos, que no se detiene ni ante los dictámenes emitidos por las instituciones bajo control del chavismo. Y apela a la figura de la “unidad económica” con el fin de ponerle la mano al conjunto de empresas y activos. Lo que haya. Lo que exista. Lo que esté a nombre del empresario. Al estilo de toda dictadura.

Revancha política. Revancha que mira hacia atrás. Que rebusca en un caso del que la Procuraduría General de la República había eximido de responsabilidad al grupo Multinacional de Seguros, según consta en informe del 7 de agosto de 2019. Caso que remite a un siniestro en Venalum, empresa de la Corporación Venezolana de Guayana, que el reaseguro no pagó. Pero la reaseguradora fue una empresa que la propia CVG escogió. No lo hizo Multinacional, que era la que manejaba la póliza de riesgo industrial, y como ha debido suceder. Mas por causas que se pueden intuir -corrupción, comisiones-, se impuso la decisión política de la CVG sobre el reaseguro.

Y aun así, cuando se produjo el hecho, y cuando al cabo del tiempo la reaseguradora, Lexington, alegó que no pagaba, Multinacional asumió el costo y pagó, no sin antes efectuarle el debido reclamo a la reaseguradora, sin que se le diera la razón en Londres. Pero la Procuraduría dictaminó que Multinacional pagó, y pagó bien, y pagó como se debía pagar en 2016, en bolívares ya que las operaciones en divisas estaban bajo la lupa.

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Pagó a derecho y la cantidad correcta, con el contravalor en bolívares del tipo de cambio oficial de la época. Eso está allí. En el informe de la institución cuando el caso era ventilado en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Y la Sala también solicitó a la Superintendencia de Seguros otro informe en diciembre de 2019. Y el regulador confirmó el grado de solvencia de Multinacional de Seguros. Y que aun perdiendo los 54 millones de dólares en los que se transformaron los bolívares del caso, la empresa contaba con activos que superaban en 209% más la cantidad del litigio, cuando la Ley de Seguros contempla un 105% de posición límite.

Pero el Tribunal Supremo de Justicia ignoró los dos informes. Esta vez la Sala Constitucional fue la que se abocó, la que pidió el expediente y dictó sentencia, ya inapelable, el 30 de enero, aun sin tener el expediente físico a mano, según informaron fuentes judiciales al diario ALnavío.

Ese es el mismo TSJ, el despacho del régimen, como suele decir el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup. El mismo de Maikel Moreno. A quien, ironía de la historia, se le olvidó la letra del juramento que debía tomarle a Maduro cuando este dio inicio el 10 de enero de 2019 al segundo mandato, el que la comunidad internacional no reconoce, como tampoco reconoce al TSJ.

Ya Carrero estaba sentenciado. Lo sentenció Diosdado Cabello a finales de noviembre de 2019 cuando en el programa Con el Mazo Dando dijo que la empresa de seguros era para asegurar y no para conspirar. Allí está el asunto. Involucrarlo en la operación del 30 de abril de 2019. La fallida conspiración contra Maduro en la que quedó en evidencia, dicho por el mismo general Manuel Cristopher Figuera, el exjefe del Sebin que se le fue a Maduro, la participación de Moreno, presidente del TSJ.

El argumento de la conspiración es el mismo argumento de Chávez contra Carrero años atrás. Los estamos grabando, están conspirando, decía Chávez en Aló Presidente. Y en 2005 a Carrero el ELN le secuestró a los padres, y después descubrió que fue una operación montada desde el propio centro de poder, auspiciada por Chávez y diseñada por el general Hugo Pollo Carvajal, que era entonces jefe de contrainteligencia militar. (El mismo Carvajal que ahora buscan los EEUU, acusado de tráfico de drogas y terrorismo).

Pero el Tribunal Supremo de Justicia ignoró los dos informes. Esta vez la Sala Constitucional fue la que se abocó, la que pidió el expediente y dictó sentencia, ya inapelable, el 30 de enero, aun sin tener el expediente físico a mano, según informaron fuentes judiciales al diario ALnavío.

Y si no bastaba, luego Chávez le confisca la finca, Hato Caroní; la misma que Chávez visitaba y dormía cuando no tenía donde dormir, la misma en la que planificaron operaciones políticas junto a Luis Miquilena, la misma en la que celebraron el primer triunfo electoral de 1998 y convencieron a José Vicente Rangel de que fuera canciller. Cabello lo había sentenciado desde que Miquilena abandonó a Chávez el 11 de abril de 2002, y decía que Miquilena era un operador político impropio. Atacando a Miquilena, atacaba a Carrero, que fue el protector de Miquilena hasta que murió, como fue financista de Chávez y protector de la familia de Chávez, hasta que alcanzó el poder y se le subió el poder a la cabeza, y se entregó a Fidel Castro, y hablaba de revolución, y eso fue lo que no admitió Miquilena que, por cierto, fue el presidente de la Asamblea Constituyente de 1999, la que elaboró la Constitución vigente. Carrero y Chávez estudiaron secundaria en el mismo liceo de Barinas. Allí se conocieron, y eran amigos.

Hay que recordar esta historia que parece vieja y no lo es tanto. De hace unos años para acá. Y que enlazan. Que explican mucho de los hechos recientes. Y las amenazas. Y los exabruptos. Como que la compañía estaba insolvente y que se procede con la intervención para proteger los derechos de los clientes y los trabajadores de Multinacional de Seguros. Cuando en verdad ahora es que peligran. Y de ello da fe la forma como el chavismo ha destruido las empresas públicas, entre otras PDVSA y la CVG, y las empresas y las tierras que ha confiscado en todo este tiempo. ¿Qué queda de ellas?

Si algo surge de este proceso es que el propio Estado chavista ha sido el negligente. Pues la CVG-Venalum, al recibir el pago por parte de Multinacional de Seguros, no efectuó la operación cambiaria que le correspondía, favorecida por su condición de empresa pública y con acceso a las divisas oficiales. No ejecutó la operación porque era otra la intención. Pero en la intención, incurrió en delito de salvaguarda. ¿Y quién le reclama? ¿Quién la castiga? Al recibir el pago, la Sala Político Administrativa estaba obligada a cerrar el caso. Pero además de no hacerlo, este pasó a la Sala Constitucional, cuyas competencias tienen más que ver con decisiones que violen la Constitución y no con juicios mercantiles.

La jugada era redonda. Ya no hay apelación. Ya no hay margen para la defensa. Ni en la corte celestial porque el régimen no cree en eso.

Juan Carlos Zapata

Periodista, analista político, investigador y escritor venezolano, referente del periodismo latinoamericano y autor de 10 libros.

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